La administración de Gabriel Boric enfrenta una paradoja significativa: pese a haber impulsado más proyectos de ley en materia de seguridad que cualquier otro gobierno reciente —como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la Ley Antiterrorista y la Ley de Infraestructura Crítica— y aumentado significativamente su presupuesto, persiste una percepción ciudadana negativa respecto a la efectividad de estas políticas. Este descontento refleja la brecha entre las expectativas ciudadanas y los resultados tangibles en el terreno de la seguridad.
Esta demanda, tradicionalmente subestimada por las fuerzas progresistas, se ha transformado en un campo politizado donde los partidos de oposición han encontrado ventajas significativas. La derecha ha consolidado un discurso punitivista, promoviendo propuestas como la militarización y el endurecimiento de penas, inspiradas en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. En respuesta, algunos sectores de la izquierda han comenzado a virar hacia un enfoque más pragmático, adaptando sus posturas para captar un electorado más amplio y responder a una opinión pública que percibe al gobierno como ineficaz en esta materia.